El presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías dejó constancia de que puede producirse desabastecimiento si el paro continúa. ¿Es esto cierto o cree usted que es un argumento de presión para que el Gobierno tome medidas?
Entendemos, claramente, que es un argumento de presión. No se ha producido, y ni siquiera parece probable, que pueda producirse un desabastecimiento en las islas. Es más, nos atrevemos a afirmar que no va a haber desabastecimiento.
Es decir, que las cadenas de supermercados están siendo atendidas correctamente.
Las cadenas logísticas y las tiendas que dependen de esas plataformas logísticas han implementado las medidas que han considerado necesarias para que la mercancía llegue al establecimiento.
Las mercancías acopiadas en los establecimientos y en las plataformas logísticas están dando suministro sin mayor problema, salvo el de la tensión logística, es decir, cómo hacer llegar el producto a tienda. No obstante, esta cuestión se va solventando, pues la experiencia adquirida tras muchos años de gestión de este tipo de conflictos es muy amplia.
Al final, el consumidor -que es nuestro foco- no puede ver afectado, algo que es tan importante para todos nosotros, como lo es la alimentación.
¿Se ha aprovisionado, a día de hoy, el sector en mayor medida que en semanas comúnmente normales?
Por supuesto. Cuando las cadenas de supermercados escuchan que puede producirse algún conflicto que pudiese afectar al consumidor, ponen en marcha las medidas pertinentes. Ya existe mucha experiencia al respecto y se cuenta con una importante red y capacidad logística.
Una capacidad que tienen las cadenas logísticas, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, pero de alguna forma especial en nuestras islas, donde precisamente los bloques logísticos de nuestros asociados son bloques con unas dimensiones muy superiores de los que existen en península, precisamente motivados para poder tener unos mayores stocks de mercancía, no únicamente en estos momentos, sino durante todo el año.
Hemos sido y somos tan vigilantes en este aspecto, pues hemos atravesado situaciones realmente complejas. Situaciones como la de la pandemia, donde un confinamiento supuso el parón de toda la economía de un país y, a pesar de ello, las cadenas de supermercados fueron capaces de mantener los niveles de atención a los clientes con mercancía suficiente para cubrir la demanda. Y ya no solo en la pandemia, sino en otras propuestas de huelgas que ha habido o en el caso de la isla de La Palma, donde hace poco tiempo erupcionó un volcán y, a pesar de que afectó a muchas infraestructuras, los supermercados siguieron ofreciendo servicio a sus clientes.
Si bien es cierto que estamos inmersos en un momento complicado por el alza de los precios, esta huelga viene a generar, además, grandes sobrecostes, ¿no es así?
Sí. A nuestro juicio “al alza de los precios” le falta un apellido: el alza de los precios de las materias primas en origen. Esa es la clave para entender la situación de inflación que vivimos en todo el mundo y en nuestro continente -Europa-, también con una alta inflación con el caso de países como Turquía, con inflaciones del 70%.
La inflación nos está afectando a todos, afecta al mundo, afecta a Europa y claramente afecta a nuestro país y a nuestras islas, porque estamos dentro de Europa y en un contexto de economía global. No obstante, hay que poner el acento donde corresponde, porque si no lo hacemos así difícilmente se podrá implementar alguna medida para corregir la situación, que es en lo que entendemos que los gobiernos deberían estar centrados. El problema está en que, con casi toda certeza, se está poniendo el dedo donde no corresponde y, por tanto, no se están tomando medidas acertadas.
No olvidemos que hablamos de una inflación de las materias primas y de los costes en origen.
Nosotros, los supermercados, no somos el origen, somos el punto final.
¿Cuáles son las actuales peticiones del sector?
La principal petición que podemos hacer y en la que coincidimos todos los empresarios es atender a los ámbitos normativos. No podemos seguir teniendo normativas diferentes todos los días del año, porque es imposible gestionarlas. Ya no solo para nosotros, sino para la propia administración. En el momento de pandemia nuestro análisis concretó 7,5 normas por día. Esto no puede seguir así.
No cabe duda de que hay cosas que regular, pero no podemos estar continuamente publicando normas, porque llega un momento en el que no tenemos tiempo para leer, analizar y estudiar todas las normas, por el altísimo número de las mismas.
Lo que produce todo ello, de una manera clara, son sobrecostes en todo el sistema empresarial. Ya a nivel nacional la CEOE lo ha manifestado, incidiendo en cómo afecta la calidad institucional en el comercio.
Un informe hecho por el Instituto de Estudios Económicos refleja los valores económicos del sobrecoste que supone para las empresas el exceso de normativa y de mala calidad normativa regulatoria en nuestro país. Tal es así, que lo establece en una cifra cercana a los 9.000 millones de euros.
Imagínese lo que significaría retraer ese enorme coste normativo cercano a los 9.000 millones de euros, imagínese cómo mejoraría la inflación en nuestro país. Esta mala regulación está haciendo que España pierda posiciones dentro de Europa por no facilitar a las empresas el potencial desarrollo de su actividad económica y, por ende, una mayor capacidad de empleo y de consumo. En este caso, España obtiene una nota muy baja con respecto al resto del continente europeo.
