Usted es el presidente de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Tenerife. ¿Cuál es el papel que desempeña esta Asociación de cara a la sociedad?
Defender los intereses de nuestros asociados: las empresas instaladoras; hacer de nexo unión entre los organismos oficiales que regulan las instalaciones eléctricas y de telecomunicación, y de nexo unión con la principal distribuidora eléctrica en las islas Canarias que es la distribuidora del Grupo Endesa.
Tenemos dos problemas bastante grandes. Por un lado, la Consejería de Transición Ecológica, que lleva la dirección general de energía y que es la que nos regula las instalaciones eléctricas, de renovables y demás, tiene un colapso de expedientes administrativos, sobretodo en el campo de las renovables que no se están tramitando con la debida rapidez que se necesita. Hay un aluvión de subvenciones para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y para implantación de renovables, puntos de recargas, etc., y no se están tramitando los expedientes, porque hasta hace escasas semanas no había personal para ello, han incorporado personal nuevo, pero creemos que este personal poniéndose al día con los expedientes que tiene atrasados no va a llegar a tiempo a tramitar todos los que van a llegar ahora. Por otro lado, tenemos el problema de la distribuidora, ahora mismo Endesa Distribución ha desmantelado la estructura de atención al público, todo se gestiona a través de correos electrónicos y no tenemos trato directo con los técnicos o con las personas responsables para poder resolver expedientes de cualquier índole: puntos de conexión, reclamaciones, respuestas en servicios de instalaciones…
Hemos demandado que se ponga un canal ágil de comunicación, no se resuelven los expedientes, se bloquea y eso se traduce en que las tramitaciones de alta, las incidencias y demás, se quedan en el limbo y pueden pasar meses y algunas veces hasta un año para poder resolverlas. Hemos solicitado a la Consejería que resuelva el problema y no se ha obtenido resultado favorable
Sin duda, la situación es delicada…
La verdad que estamos bastante preocupados con esta situación, porque no se atienden las demandas. Asimismo, hay un gran problema que estamos sufriendo todos, tanto empresas como particulares, que son las nuevas tarifas eléctricas. Hay un desmán ahora mismo en el tema de las facturaciones, hay muchas personas a las que no les están llegando las facturas, les llega como lecturas estimadas, cafeterías que pagaban 300 euros y ahora están pagando 700 y no saben por qué.
En este sentido, se ha instado a la Consejería para que medie en este tema, nos consta que la Comisión Nacional de Mercados de Competencia está intentando mediar para arreglar el problema, pero ya ha pasado casi un año desde que entraron las nuevas tarifas y al final las personas y las ASINELTE: “Vamos a luchar contra las ilegalidades y los instaladores que no están dados de alta” empresas que están afectadas lo que quieren es pagar su factura correctamente, no estar haciendo estimaciones o no pagarlas. Hay que recordar a las personas que tienen tantos meses para pagar la factura como meses en los que no les ha llegado, es decir, si llevamos 5 meses sin pagar la factura porque no tenemos lectura, tendremos 5 meses para pagarla, no tenemos que pagar de golpe la lectura de esos 5 meses.
Cuando tenemos un problema con el agua, en cualquier ayuntamiento tenemos al menos una oficina de atención al público donde atienden y dan soluciones. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Por qué hasta hoy no existe una oficina concreta a la que ir a pedir explicaciones?
Correcto. Hay que recordar que Endesa Distribución es una empresa privada que ofrece un servicio público, con lo cual, como bien dices, cuando nosotros tenemos un problema con el agua asistimos a una oficina concreta y nos los resuelve. Con el tema de la pandemia, Endesa instauró el teletrabajo y todo el personal técnico desapareció de la oficina de atención. Se ha intentado hacer videoconferencias, reuniones con los técnicos, pero ha sido imposible, ahora mismo la única forma de atención es mandar un correo electrónico o llamar a un call centre y encenderle una vela a la virgen esperando a que nos contesten.
Es una situación bastante caótica, las empresas instaladoras nos dedicamos a esto y ya, no porque seamos más listos sino porque nos ha pasado en anteriores ocasiones, sabemos el proceso, pero cualquier particular que tenga un problema en su domicilio o en su empresa y tenga que abrir una reclamación a la distribuidora puede tener muchos problemas.
Al final acuden a nosotros, los instaladores, para hacer de nexo unión. Y luego por otro lado, está la Consejería de Transición Ecológica, a la que el año pasado se presentaron bastantes reclamaciones por temas de facturas, lecturas estimadas o no lecturas de contadores, puntos de conexión…, y no nos consta que se hayan atendido esas reclamaciones.
¿Cree usted que la cantidad de burocracia es una de las causas que ha provocado esta situación?
Exacto. Hay que tener en cuenta que en el tema de la subvención, hay que pedirla, nos piden una documentación, hay que ejecutar la obra, hay que justificar el pago y la legalización de esa obra y después hay que comunicarla a la empresa distribuidora. Esto que le he contado en 10 segundos puede llevar una trayectoria de un año.
Son instalaciones que se ejecutan en 1 o 2 días y que tardemos un año en todo este proceso nos parece que es bastante caótico. A esto le añadimos la disparidad de criterios en los ayuntamientos de la isla, cuando este tipo de instalaciones no requieren licencia de obra, solo una declaración responsable. En La Laguna nos están pidiendo un certificado de que no afecta al espacio aéreo, con lo que eso conlleva, porque hay que pedirle a la Agencia Española de Seguridad Aérea una autorización, lo que provoca que la obra se demore eternamente. En Santa Cruz nos piden justificar las cargas de los tejados, cuando son instalaciones muy sencillas que no requieren de mucho más.
Lo que yo percibo es que las diferentes administraciones ponen muchas trabas burocráticas de cara al desarrollo del sector.
Claro. Por un lado el Consejero del Gobierno de Canarias y la Consejería están fomentando el uso de las energías renovables, es más, yo creo que ya no hay que fomentarlo, yo creo que todos estamos implicados y vemos que es el camino, pero por otro lado, nos están poniendo los palos en las ruedas.
Si por un lado estamos abriendo unas líneas de subvenciones muy importantes, ahora vienen los Fondos New Generation que están encaminados en sostenibilidad y renovables, pero por otro lado, a la hora de desarrollar el servicio y legalizarlas, la administración, la distribuida y demás, no son ágiles, se forman muchos problemas. Al final muchas personas desisten de invertir en ello porque lo ven complejo.
¿Cuáles son los objetivos que se plantea la Asociación para este 2022?
Luchar contra las ilegalidades y los instaladores que no están dados de alta, porque consideramos de importancia el hecho de que todos los instaladores deben estar dados de alta, deben tener sus empresas registradas…
Por otro lado, seguir luchando con la Consejería de Transición Ecológica y con la distribuidora para que presten un servicio adecuado a las empresas instaladoras y, en definitiva, a los ciudadanos
