La consejera de Economía del Gobierno de Canarias , Elena Máñez, que ha comparecido en la Comisión de Discapacidad del Parlamento regional, explica que en 2022 se han realizado 560 inspecciones
El Servicio Canario de Empleo, en coordinación de la Inspección de Trabajo, ha tramitado este año veinte propuestas de sanción por un total de 39.514 euros a empresas de más de 50 trabajadores por incumplir la obligación legal de que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad.
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias , Elena Máñez, ha ofrecido este dato durante una comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, en la que ha señalado que en 2022 se han realizado 560 inspecciones específicas sobre este requisito legal, mientras que en el pasado ejercicio fueron 417.
Cuando las empresas públicas o privadas de más de 50 trabajadores no contratan al menos al 2% de su plantilla entre personas con discapacidad disponen de varias alternativas compensatorias para no ser sancionadas y corresponde al Servicio Canario de Empleo valorar si las propuestas empresariales compensan realmente la falta de contratación.
Estas medidas alternativas son la firma de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo o con personas discapacitadas trabajadoras autónomas, realizar donaciones o patrocinios de actividad de inserción laboral y de creación de empleo con personas con discapacidad o constituir un enclave laboral.
En el caso de Canarias, el Servicio Canario de Empleo ha aprobado 62 medidas alternativas en el periodo de 2020 a 2022, de ellas 41 contratos alternativos de prestaciones de servicio por 4,2 millones de euros, seis contratos de suministro por 200.000 y quince donaciones por 300.000 euros.
Elena Máñez compareció en la Comisión de Discapacidad por iniciativa del diputado Carlos Ester, del grupo Popular, quien ha decidido convocar a todos los consejeros del Gobierno para que cada uno explique las políticas de sus respectivos departamentos en relación a las personas con discapacidad.
En opinión de Carlos Ester, las políticas de discapacidad no corresponden solamente a la Consejería de Derechos Sociales, sino que deben ser actuaciones transversales de todo el Gobierno.
Sin embargo, se echa de menos un plan estratégico de todo el ejecutivo y más coordinación en las políticas de discapacidad entre los departamentos de derechos sociales, empleo y educación, según Carlos Ester, quien denunció que las 17.000 personas que esperan por el reconocimiento de su discapacidad no tienen acceso a apoyos específicos por esa falta de reconocimiento.
La consejera Elena Máñez rebatió al diputado del PP y aseguró que la discapacidad, como la igualdad, es una de las políticas transversales del Gobierno de Canarias y afirmó al respecto que no solo hay coordinación en el ejecutivo, sino también entre este y los colectivos de personas discapacitadas.
En cuanto al empleo, Máñez expuso que en Canarias hay 89.900 personas con discapacidad en edad de trabajar, un porcentaje del 5,78% sobre el total, frente al 6,17% en toda España.
En cambio, la tasa de inactividad entre las personas con discapacidad es mayor en Canarias, el 72,9% frente al 65,6% del conjunto del país, lo cual Máñez atribuyó a que el grado de discapacidad predominante a nivel nacional es leve y en el caso del archipiélago es grave o muy grave.
No obstante, la evolución del mercado laboral en personas con discapacidad en Canarias sigue la misma tendencia positiva desde 2020 que en el conjunto de la población, en línea con la recuperación económica tras la pandemia y las cifras récord en el empleo, sostuvo.
Canarias fue en 2021 la segunda comunidad en crecimiento de afiliados a la Seguridad Social entre personas con discapacidad y la tercera en aumento de la contratación, detalló la consejera, si bien el paro registrado en este colectivo al terminar el pasado año era de 8.930 personas, una tasa del 15%.
Máñez explico que las políticas activas de su departamento para las personas con discapacidad se desarrollan en dos líneas: empleo protegido en centros especiales de empleo y ayudas para la contratación en el mercado laboral ordinario.
En total, se han destinado 23,5 millones de euros en esta legislatura para el empleo protegido de las personas con discapacidad.
