El conflicto bélico de Ucrania ha desatado una grave crisis humanitaria con múltiples caras y realidades y una de ellas es la atención y control sanitario de los animales que cruzan la frontera acompañando a los refugiados.
Además de atender las necesidades básicas para la supervivencia, los estados de la UE necesitan poner en marcha un plan de mitigación de riesgos para la salud pública ya que Ucrania es un país con presencia de rabia endémica, declarando anualmente en torno a 1.600 casos.
El derecho a la protección de la salud de la población española está sólidamente recogido en la Constitución y en toda la legislación sanitaria, y recayendo la responsabilidad de su aplicación y defensa en las diferentes administraciones sanitarias del Estado, las CCAA y las administraciones locales.
Sin embargo, en esta ocasión ha sido una administración no sanitaria, como es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien proclamándose como interlocutor de la Salud Pública de forma unilateral, ha creado un protocolo de actuación contemplando que los Servicios Oficiales Veterinarios (SOV) de las Comunidades Autónomas de destino son los responsables de llevar a cabo todas las medidas de mitigación de riesgo contempladas en el plan y que pueden ejecutarlas en colaboración con otras administraciones competentes o «con entidades privadas o profesionales sanitarios que prestan su colaboración voluntariamente y sin ánimo de lucro».
Pero a la hora de aplicación del plan se está generando un problema importante de gestión ya que la mayoría de las CCAA están comprometiendo, literalmente, a los centros sanitarios veterinarios privados (CSV), convirtiéndolos en responsables al volcar todo el trabajo efectivo de atender a los animales (identificación, vacunación, extracción de muestras de sangre, envíos a los laboratorios, incluso induciendo, en algunos casos, la realización de la cuarentena contemplada de 3 meses en sus instalaciones).
Esta situación crea a los centros sanitarios veterinarios un inmenso problema de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil y penal en caso de aparición de un caso positivo de rabia, enfermedad con un 100% de mortalidad en animales y personas.
Y así lo reconoce el propio protocolo que dice literalmente: «el riesgo cualitativo de los animales de compañía que pueden llegar acompañando a sus dueños sin asegurar el cumplimiento de los requisitos habituales es muy elevado, y dependiendo del número de refugiados que accedan a nuestro país en esta situación, hará que el riesgo cuantitativo pueda incrementarse de forma considerable. Por tanto, la evaluación preliminar es de riesgo alto».
En este escenario ya no puede hablarse de solidaridad del profesional sanitario veterinario y de las empresas sino de profesionalidad y de conciencia hacia la salud laboral y hacia la salud pública.
Están hablando de un problema de responsabilidad desmesurada transferida al sector sanitario veterinario privado que sus empresarios no pueden asumir al ser la mayoría microempresas con escasos recursos que no les permite aumentar ni las pólizas de responsabilidad civil, ni los gastos de su producción en este contexto (medidas de bioseguridad, EPI específicos, desinfecciones, cese temporal de actividad si hay un caso positivo en sus instalaciones, etc.). Y tampoco ver como otros animales atendidos en sus centros están en riesgo de sacrificio por encontrarse en el lugar inoportuno en el momento inadecuado.
Por su parte, CCOO ha enviado una pregunta con carácter de urgencia al Ministerio de Sanidad para ver si toman cartas en el asunto ante tan delicado escenario, al considerarlo una cuestión de salud laboral y salud pública. A la vez y con intención de remarcar su necesidad y urgencia, ha enviado una circular a sus delegaciones territoriales para que sigan la misma línea y eleven la pregunta a sus correspondientes interlocutores públicos autonómicos en materia de Sanidad.
En este sentido, los agentes sociales exigen a las comunidades autónomas que asuman su responsabilidad y que sean los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública los que lleven a cabo preferentemente todas las medidas de control sanitario frente a este riesgo sanitario, desde la identificación, vacunación, toma de muestras y envío al laboratorio, desparasitación con tenicidas, hasta la realización de las correspondientes encuestas epidemiológicas, y en el caso de que soliciten colaboración a los veterinarios clínicos privados, les faciliten las instalaciones y medios necesarios para que los facultativos veterinarios puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y con todas las garantías para la máxima protección de la salud pública comunitaria.
Actuando de este modo se evita, entre otras cosas, la mezcla innecesaria que podría darse en las recepciones de los CSV entre los animales nacionales y sus dueños, y los procedentes de Ucrania que todavía no hayan pasado la cuarentena correspondiente, siendo una medida muy lógica y económica de disminución del grave riesgo para la salud pública de una posible transmisión y de todas las medidas posteriores para manejar un brote.
Cabe destacar y de forma expresa que a estas horas, la mayoría de veterinarios sigue desconociendo el qué, el cómo y el dónde hay que notificar los casos de los que sean conocedores, por tanto se exige con urgencia que se les transmita el contacto directo del organismo sanitario autonómico designado para ello, ya que este procedimiento es el único al que se les obliga en el protocolo y es lo que impide, por el momento, el poder cumplirlo.
El veterinario es solidario por naturaleza y vocación, de ejemplos se llenan páginas, sin embargo, la salud de sus profesionales y la salud pública, van por delante. No hay que olvidar que estamos ante una zoonosis que produce una mortalidad del 100% en el ser humano y por lo tanto es imprescindible tomar las medidas más estrictas posibles para evitar un contagio.
También destacan que estamos frente a un grave riesgo de salud pública para la comunidad debido a la presencia de animales sin el adecuado control sanitario veterinario que, además, en caso de confirmarse un caso positivo, crearía restricciones de movilidad de los animales vivos por un mínimo de 6 meses y en un área de 30 km. en los territorios afectados, lo que supondría un impacto económico importante en turismo y en la cadena alimentaria.
Apunta FESVET que su deber como agentes sociales del ámbito de la salud es también velar por la protección y mejora de la salud pública comunitaria, incluyendo en ella, por su puesto, la salud laboral de sus facultativos y el resto de trabajadores del sector.
Su deber como médicos veterinarios es utilizar sus conocimientos para proteger la salud de las personas pero, por otra parte, el deber de las administraciones es proporcionar los medios y condiciones para que, ya sea desde el ámbito público o privado, o de una combinación de ambos, los profesionales sanitarios puedan ejercer su labor sin que les suponga un inasumible riesgo para su propia salud y, por supuesto, sin que les suponga un coste, menoscabo o discriminación económica.
Que se pida voluntariedad apelando a la solidaridad es comprensible, y los veterinarios siempre han sido solidarios, pero que se pida gratuidad apelando a las emociones es una desconsideración que casi roza el insulto hacia esta profesión, máxime cuando aún estamos sufriendo una pandemia en que se ha podido ver claramente que a otros facultativos y técnicos sanitarios se les ha gratificado generosamente su voluntariedad sin poner en duda en ningún caso su solidaridad e incluso premiándolos públicamente.
Consecuencia de ello, en CEVE han considerado oportuno realizar unas anotaciones al protocolo publicado por el atípico y autoproclamado interlocutor de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar dificultades con los refugiados procedentes de Ucrania y riesgos para la salud comunitaria debidos a sus animales de compañía y que ya ha sido transmitido a la administración central.
El objetivo es evitar que se obvien los problemas que puede conllevar la aplicación del protocolo y, con un afán de colaboración constructiva, exponer su punto de vista y aportar soluciones para que la gestión sanitaria de los animales que deban ser acogidos se realice de la forma más eficaz posible y comporte el mínimo riesgo para los profesionales, la salud pública y la economía.
