La Corporación insular afirma asumir así “los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, y los principios de integridad, objetividad y honestidad en su actividad”
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este lunes, 5 de septiembre, la Declaración institucional sobre la prevención, detección y corrección del fraude, en la que el Gobierno insular manifiesta su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, así como su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
Como se incide en la declaración institucional, la Corporación insular y sus órganos dependientes mantienen “una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción”, y han establecido un sistema de control “robusto”, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, estos actos y para corregir su impacto, en caso de producirse.
El Cabildo de Gran Canaria y sus órganos dependientes tienen funciones de entidad ejecutora en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, según lo dispuesto en la Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión de dicho plan. En ese ámbito, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala la obligación de los estados miembros de aplicar medidas para proteger los intereses financieros de la Unión y velar para que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por ese Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la UE y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Así, el personal de la Institución insular y sus órganos dependientes, en su carácter de empleados públicos, asume y comparte este compromiso, teniendo entre otros deberes los de “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”, según establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por su parte, el Cabildo ha elaborado un Plan de Medidas Antifraude, con el propósito de poner en marcha acciones eficaces de lucha contra el fraude y la corrupción, y basado en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude y que garantice que el gasto que se realiza en las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está libre de conflictos de interés, fraude y corrupción.
Para ello, se ha partido de una evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto y, además, se cuenta con procedimientos para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción y para su seguimiento. El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, fomentando el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos.
