miércoles, junio 29, 2022
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El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha iniciado este pasado viernes, 20 de mayo, a iniciativa de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, la fase de consulta pública previa del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, iniciativa que tiene por objeto dotar de mayor seguridad jurídica a todas las partes que intervienen en el proceso. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 17 de junio de 2022 a través del acceso web para la Participación Ciudadana https://bit.ly/3MveTXc.

Según ha explicado la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, el objetivo que persigue esta modificación es adecuar la norma vigente, con más de 19 años de existencia, al momento actual, haciéndola más clara, adaptándola al lenguaje inclusivo, eliminando el lenguaje sexista para evitar discriminaciones de género, y a los medios técnicos y digitales actuales con el fin de evitar la brecha digital y permitir la celebración de juntas mediante el uso de medios digitales.

Saavedra ha recordado que el asociacionismo, hoy en día hay en las islas más de 20.000 asociaciones registradas, cuenta con un extraordinario arraigo en Canarias, “siendo una de las formas de organización de la participación ciudadana más habitual”, y ha añadido que el movimiento asociativo “ha sido punto de encuentro entre la sociedad y las instituciones democráticas, sirviendo en muchas ocasiones como voz crítica”.

La futura ley simplificará la norma, evitando continuos juegos de remisiones normativas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y se determinará con claridad el régimen de responsabilidad de quienes forman parte de la asociación. Con ello se pretende que las y los socios conozcan las posibles consecuencias jurídicas de los actos de la asociación, dotando además de una mayor seguridad jurídica a las personas que puedan verse afectadas.

Por otro lado, contemplará también los casos de insolvencia de la asociación y las situaciones de procedimiento concursal que no están previstos en la norma actual, e incluirá la mediación civil y mercantil como fórmula para dirimir conflictos entre las personas que integran la asociación, lo que evitará el desgaste económico y emocional de acudir a los tribunales para dirimir disputas entre las personas asociadas.

Así mismo, con la nueva ley se aumentará y modificará el control sobre las asociaciones de interés público, dado su alto grado de profesionalización. Para ello, podría ser conveniente una reforma integral de la figura del Consejo Canario de Asociaciones, dotándolo de mayores atribuciones o sustituyéndolo por otro órgano con funciones inspectoras.

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