viernes, diciembre 2, 2022
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El Presupuesto para 2023 no genera la confianza suficiente para conseguir las inversiones necesarias para la recuperación de empleo

Haciendo una reflexión del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, este se elabora en un contexto económico de aparente recuperación económica, aunque con déficits estructurales importantes, sobre todo los relacionados con el mercado de trabajo, debido a las altas tasas de paro que soporta, así como la falta objetiva de oportunidades, número de empresas y el capital dirigido a la inversión.

Asimismo, se confeccionan en un marco donde están suspendidas de forma temporal las reglas de gasto con una cantidad importante de fondos europeos y nacionales, lo que le hace perder autonomía a la gestión desde Canarias. De hecho, se pretende hacer una administración más grande, pero con efectos tractores sobre el resto de la sociedad menos intensos donde se vuelve a dar prioridad a los derechos sociales, la sanidad y la educación públicos, que son las partidas que más crecen.

Sobre el intento de ganar progresividad en la estructura fiscal de Canarias, la falta objetiva en las mejoras de gestión provoca que no sepan tener una mayor ambición porque hemos de recordar que estamos enfrentándonos a una inflación de oferta, no de demanda, de ahí que la política monetaria no es suficiente, solicitándole mayor implicación a la fiscalidad.

El riesgo que se corre es que actualmente se cierne sobre la economía del entorno la amenaza de entrar en un proceso de recesión técnica, es decir, una situación que se genera cuando se registran contracciones del Producto Interior Bruto durante dos trimestres consecutivos, visibilizándose en un debilitamiento de la capacidad potencial de generación de empleo, con el consiguiente efecto sobre el consumo interno que afectará al nivel de producción y, por ende, a la capacidad de pago de los agentes económicos.

Del mismo modo, si toda esta circunstancia no debilita la evolución de los precios, la recesión técnica daría paso a un proceso de estanflación, lo que implica la aceleración de la inflación en un entorno de pobre o nulo crecimiento económico, ocasionando una elevación de la tasa de desempleo. A partir de este hecho, en Canarias el escenario probable es compatible con un dinamismo mantenido a partir del tramo final de este año, una vez sobrepasada la caída de la confianza en el último trimestre del año, provocando una atenuación gradual de las alteraciones de las cadenas de aprovisionamiento y el despliegue progresivo de los fondos vinculados al programa Next Generation EU.

Sobre este aspecto en concreto hay que resaltar las dudas en materia de gestión junto a la agilidad necesaria que la economía privada necesita. No obstante, al estar en medio de unas condiciones financieras más estrictas que las que han imperado en el pasado reciente como consecuencia del avance en el endurecimiento de la política monetaria que están siguiendo los principales bancos centrales mundiales, se apuesta por una cierta moderación del ritmo de expansión de la actividad.

Pero este Gobierno ha convertido a la Administración Pública en la cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto. Por esa razón, si desarrolla su actividad a través de sus leyes de presupuestos pero no se posee agilidad administrativa junto a la eliminación de los costes de transacción burocráticos sin pérdida de seguridad jurídica junto con la minimización, hasta su desaparición, del despilfarro en lo que a la gestión de los recursos públicos se refiere así como la garantía del mantenimiento del diferencial económico y fiscal de Canarias respecto al resto del territorio nacional, todo quedará en una política de intenciones.

No obstante, analizando los ingresos, se decanta más de la mitad de la financiación sobre las transferencias corrientes. El resto se ha ganado por el efecto de la inflación, de ahí que, sin tener que hacer absolutamente nada, se ha procedido a una extracción de renta privada hacia lo público.

Sobre el texto en sí, es curiosa la forma en la que presenta los diferentes escenarios, devaluándolos para el resto, pero alcanzando importantes cifras positivas en las propias. Entonces, ¿si todo está tan bien, por qué todo está tan mal? Empezando por la tasa de paro y finalizando por la pobreza y todo esto en un proyecto de ley de presupuestos en donde se constata la desaceleración, pero se incrementa la recaudación tributaria, algo extremadamente paradójico, a no ser que las cifras no se las crean ni quienes lo han elaborado.

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

El presupuesto que se destina a Economía, Conocimiento y Empleo asciende a 239.715.766 euros, tras aumentar un 15,15% respecto al año 2022. La distribución por capítulos se centra en el capítulo IV (Transferencias Corrientes), cuya cuantía asciende a 138.956.474 euros.

A modo de propuestas, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo tiene tres grandes áreas de actuación:

• En el área de promoción económica proponemos las siguientes actuaciones relacionadas con el emprendimiento:

o Favorecer el acceso a la financiación, impulsando mecanismos de financiación alternativa, especialmente en nuevas iniciativas empresariales.

o Incentivar en mayor medida la puesta en marcha de actividades económicas en sectores/actividades tanto tradicionales como emergentes.

o Crear un Observatorio Canario de la Pequeña y Mediana Empresa. • En relación con la formación y el empleo se propone:

o Dotar de mayor flexibilidad al procedimiento establecido para el diseño y actualización de las cualificaciones profesionales.

o Realizar y mantener actualizado un diagnóstico y detección de necesidades formativas y de cualificación y que además permita anticipar futuros yacimientos de empleo o necesidades de sectores emergentes.

o Mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, fomentando e incentivando determinadas formas contractuales que facilitan la incorporación al mercado laboral.

• En el área del conocimiento identificado con la innovación y las tecnologías se propone:

o Incentivar la investigación y la innovación en todo el sistema productivo a través de una dotación presupuestaria suficiente.

o Favorecer la creación de redes y agrupamientos empresariales que refuercen su capacidad innovadora y competitividad.

o Fortalecer la red de puntos de información sobre actividades de I+D+i a través de una mayor participación de las Organizaciones empresariales.

o Fomentar la alianza entre empresas y Universidad por los importantes avances innovadores que se alcanzan de manera bidireccional tras alcanzar la sinergia entre ambos.

o Asegurar una adecuada provisión de instrumentos financieros.
o Fomentar nuevos perfiles profesionales digitales que permitan hacer frente a las nuevas demandas empresariales.

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

El presupuesto destinado a esta Consejería asciende a 261.649.400 euros, tras aumentar respecto a 2022 en un 20,26%. El capítulo VI (Inversiones Reales) es el capítulo que mayor crecimiento experimenta en términos absolutos (+38 millones de euros). En el otro extremo, se encuentra el capítulo VII Transferencia de Capital que es el capítulo que más decrece, entorno a los 7 millones de euros.

La política medioambiental debe ser una política integral desde el punto de vista ecológico. Por ello, en las estrategias y acciones para garantizar un desarrollo sostenible son especialmente relevantes y efectivas las medidas que dan respuestas integrales contemplando la energía, el agua, los alimentos, el clima, el suelo, los ecosistemas terrestres y marinos.

Si bien actualmente nos encontramos en la necesidad de frenar las consecuencias que sobre el cambio climático tiene las emisiones de CO2 a la atmósfera provocado por la utilización de la energía fósil además de la necesidad de alcanzar la suficiencia energética que reduzca la dependencia del exterior. No es menos relevante los restantes objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido queremos destacar la importancia de la gestión integral del ciclo del agua, que en Canarias hace aguas en las diferentes fases del ciclo.

Pero no sólo hay que poner en marcha una política ecológica sino es necesario implementar un desarrollo sostenible integral, esto es aquel desarrollo que integre la perspectiva ambiental, pero también la económica y social. Porque no cabe duda de que una sostenibilidad ecológica sin un respaldo económico y social nunca será sostenible porque la consecuencia es la pérdida de competitividad de la economía y el paro que traerá consigo la pobreza que conlleva directa e indirectamente a la destrucción del medioambiente.

Consejería de Turismo, Industria y Comercio

La sección correspondiente a Turismo, Industria y Comercio, presenta un incremento del 16,9% respecto a 2022, alcanzando una representatividad del 1,8% sobre el total. La evolución de los presupuestos del 2023 marca la necesidad de seguir impulsando los sectores fundamentales (el turismo, el comercio y la industria) de la economía canaria.

Ante esto, es de especial importancia que los sectores vinculados a esta consejería tengan que reconvertirse, formando al capital humano asociado. A este respecto, se puede apreciar que el programa de Formación Profesional Turística experimenta una reducción, lo cual es contraproducente. Asimismo, se produce una desinversión en el programa de Infraestructuras Turística, que persigue mantener la competitividad de Canarias como destino turístico, por lo que se cuestionaría el desarrollo óptimo de infraestructuras. Asimismo, en cuanto al sector industrial, el escenario podría verse agravado por el descenso del programa de Desarrollo Industrial, cuya partida inicial para 2023 es de 5.222.875 euros, frente a los 8.027.000 de euros de los presupuestos de ley del año anterior (-2.804.125 euros). Ante esto, se pondría en duda la optimización del objeto final de programa, el cual busca contribuir a impulsar el nivel de competitividad del sector industrial para alcanzar una mayor contribución al VAB industrial.

Ante la relevancia de los subsectores económicos que pertenecen a esta Consejería, no solo se espera que se haga un gasto efectivo de los créditos iniciales fijados

para 2023, sino también que este se haga con una esta estrategia conjunta entre diferentes Consejerías.

Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

En cuanto a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, el presupuesto asciende a 221.756.557 euros, tras aumentar respecto a 2022 en términos absolutos en 15.889.403 euros. Pese a ello, se ha producido un decremento de su representatividad dentro del total del presupuesto.

Para promover una gestión eficiente de los ingresos públicos es necesario en primer lugar promover un sistema fiscal que reduzca la economía sumergida y el fraude fiscal. En segundo lugar, la gestión eficiente implica obtener los recursos necesarios, para garantizar el sostenimiento de nuestro Estado de Bienestar. Por ello una gestión eficiente no deriva necesariamente en un incremento de figuras tributarias o tipos de gravamen, muchas veces contraproducentes, sino en efectuar la disminución de la carga fiscal de las Pymes o reducir la fiscalidad a las rentas altas para poder atraer talento, por ejemplo. Por otro lado, también es necesario mantener nuestro diferencial económico y fiscal de Canarias respecto al resto del territorio nacional incluso ahondar en él. Y finalmente juega un papel crucial la implantación de estímulos fiscales en forma de bonificaciones o también el uso de deducciones o exenciones como:

  • Establecer una exención en la tasa de basuras a los establecimientos hoteleros que cuenten con un sistema de autogestión de residuos.
  • Eliminar el importe mínimo por el que se puede solicitar la devolución del IGIC de las compras realizadas por turistas extracomunitarios.

Desde el otro lado, esto es desde la gestión del gasto público no es necesario apostar por un aumento sinfín del mismo. Esto conlleva emprender una reforma institucional que garantice un uso racional de los recursos públicos basada en evaluaciones de gasto público.

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

El presupuesto que se destina a la sección de esta Consejería asciende a 167.591.168 euros, lo que supone un incremento de 21,920 millones de euros. La distribución por capítulos se centra en el capítulo VII (Transferencias de Capital), cuya cuantía asciende a 59.202.744 euros, tras incrementarse un 40,1% respecto al ejercicio 2022. Desde la perspectiva de los programas, el mayor crecimiento se registra en la Gestión ayudas FEAGA/FEADER, el cual aumenta su presupuesto en 12.909.497 euros, gracias al incremento hasta los 14.050.896 euros del capítulo IV (Transferencias corrientes). El programa de Estructuras Pesqueras registra el segundo mayor peso porcentual dentro de la sección, en concreto, un 19,9%, tras un crecimiento de un 4,6% respecto al presupuesto de ley de 2022. Para 2023, se observa una cuantía inicial de 33.403.419 euros.

Respecto al empleo, en el caso de las afiliaciones, se aprecia un incremento en septiembre de 2022 respecto al mismo mes de 2021 (10,7%), con 8.118 afiliados al sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En consecuencia, el paro registrado en el sector primario ha descendido: en octubre de 2022, el número de personas paradas asciende a 3.673, representando un 2% sobre el total de paro registrado en Canarias.

El presupuesto de 2023 plantea en algunas partidas una reducción respecto a los presupuestos de ley de 2022. En relación con el sector pesquero, se produce un descenso del programa Desarrollo Pesquero de un 1,2% respecto a 2022 (-144.744 euros). El sector ganadero, por su parte, experimenta un escaso incremento en su crédito inicial para 2023, de apenas un 0,7%. Y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias experimenta un incremento en su dotación de un escaso 5,6% y con un similar porcentaje se encuentra la partida presupuestaria destinada al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con un aumento de un 5%.

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

En primer lugar, el presupuesto que se destina a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad asciende a 405.958.640 euros, tras aumentar respecto a 2022 aproximadamente un 12,6%. Representa un 4,19% en 2023.

Es de especial importancia continuar con el proceso de digitalización en la Administración Pública para conseguir una total agilidad administrativa, reduciendo la carga de normas y trámites necesarios para gestionar su actividad y la de los administrados. Esto implica que se cumpla con el mayor nivel de transparencia posible, especialmente, con el incremento en gasto que se va a realizar este año (+6.248.255 euros).

En relación con el ámbito de la seguridad y la emergencia, y dadas las circunstancias sufridas en el 2021 por la erupción volcánica de La Palma, es esencial continuar con el objetivo de conseguir una mejor planificación ante estos eventos. Ante esto, se espera que el aumento tanto en el programa de Seguridad y Emergencia (10,5%), como el de Seguridad Ciudadana (+2,6%) sepa cubrir las actuaciones a llevar a cabo ante, no solo situaciones, sino también escenarios, de emergencias seguridad que puedan afectar a instalaciones, elementos vulnerables y a la población en general.

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