viernes, diciembre 9, 2022
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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos incrementa su actividad y mantiene un elevado nivel de respaldo

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACP) analizó 289 recursos en 2021, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior, de acuerdo con la memoria anual de este órgano, especializado en la revisión de los procedimientos de contratación de los órganos de la Administración autonómica, de los cabildos y de los 84 ayuntamientos con los que tiene convenio.

El mayor número de expedientes analizados se corresponden con actuaciones del sector púbico autonómico (122), seguidas de aquellas promovidas por los ayuntamientos (119) y los cabildos insulares (48). No obstante, en términos porcentuales el incremento más relevante se ha dado en los ayuntamientos y los cabildos, con un aumento del 25% y del 24%, respectivamente.

El mayor volumen de actividad, en cualquier caso, no ha menoscabado la solidez de las resoluciones de este órgano administrativo que, desde su creación, se han visto confirmadas en los tribunales de justicia en 41 ocasiones y anuladas en solo 13.

En concreto, del total de sentencias y autos notificados tras la interposición de recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra resoluciones de dicho Tribunal hasta el 31 de diciembre de 2021, un 16% son anulatorias, mientras que las confirmatorias alcanzan el 52%. En cuanto al resto, se ha producido el archivo del recurso contencioso por causas diversas, siendo la más relevante el desistimiento del recurrente, que representa un 14%.

Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, departamento al que se adscribe el TACP por tener encomendada la competencia en materia de contratación, destacó “la diligencia mostrada por el tribunal administrativo en los siete años y medio que lleva funcionado, en los que se ha ganado la confianza del resto de administraciones, que se adaptan a su parecer”.

“La propia existencia de este órgano, pero sobre todo su desempeño, asegura un correcto y coherente funcionamiento de los complejos procedimientos de contratación, garantizando los derechos de todas las partes que intervienen en los procesos”, añadió Rodríguez.

Precisamente, el año 2021 ha sido en el que mayor número de recursos se han tramitado por parte del Tribunal Administrativo, con esos 289 expedientes; seguido del ejercicio de 2020, con 270, y 2019, con 228.

A este respecto, el presidente del órgano, Pedro Gómez, señala que, de hecho, cada año se incrementa el número de recursos interpuestos y que este incremento “no sólo es consecuencia de una mayor actividad contractual de las administraciones públicas y demás poderes adjudicadores de Canarias, sino, además, un indicador de la confianza que los operadores económicos en la materia depositan en el mecanismo revisor que este órgano tiene atribuido”.

Número de impugnaciones

El número de impugnaciones respecto de los actos dictados por el sector público autonómico se incrementaron en un 6% en relación con las efectuadas el año anterior. Destaca la disminución de los actos dictados en el ámbito sanitario respecto al ejercicio precedente en ocho puntos porcentuales (del 50% al 42%) y también en el educativo (del 6% al5%).

Por su parte, las corporaciones locales municipales incrementan el número de impugnaciones con respecto al ejercicio anterior en un 5%.

La naturaleza de los recursos varía en función del tipo de administración analizada. En el sector pblico autonómico, los actos de adjudicación son los de mayor número, al igual que en los ayuntamientos; mientras, en los cabildos son los anuncios de licitación y pliegos.

Los contratos que en mayor medida son objeto de recurso especial en materia de contratación continúan siendo los de servicios, que representan el 72% de las impugnaciones; mientras que los contratos de suministro representan el 100% en las reclamaciones de los sectores especiales.

Precisamente, el valor de los contratos objeto de recursos durante el año 2021 ascienden en conjunto a algo más de 2.000 millones de euros. El valor de los contratos objeto de reclamaciones, por su parte, ascienden a cerca de 680 millones.

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