jueves, marzo 30, 2023
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias respalda el despido de dos empleados por apropiarse de casi un millón de euros en el Puerto de Las Palmas

El presunto fraude se cometía mediante la entrega de divisas a través del sistema conocido como “caja de capitán”, un dinero que el armador ingresa en las cuentas de la consignataria y que luego se entrega a los responsables de las embarcaciones

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido dos sentencias que avalan los despidos, sin derecho a indemnización, del directivo de una consignataria y el de una tesorera de una naviera al considerarlos responsables de la supuesta irregularidad contable que suma casi un millón de euros.

El presunto fraude se cometía mediante la entrega de divisas a través del sistema conocido como “caja de capitán”, un dinero que el armador ingresa en las cuentas de la consignataria y que luego se entrega a los responsables de las embarcaciones, explica la sentencia.

El dinero debe ser solicitado previamente por los capitanes y el objetivo es que cuando las naves lleguen a destino lo utilicen para costear los gastos del atraque.

Estas irregularidades se localizaron en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y fueron autorizadas por ambos directivos entre 2011 y 2019. De las investigaciones realizadas se desprende que en ese período la consignataria gestionó 941 escalas de las que 659 tuvieron lugar en el muelle de la Luz.

El auto judicial indica que esta cifra en 233 ocasiones fueron irregulares las entregas por este concepto, en cuanto que se consignaron a buques que en realidad nunca atracaron en este destino o no había solicitado el dinero.

Las sucesivas sentencias apuntan que los acusados se pusieron de acuerdo para autorizar el pago de las “cajas de capitán”, de manera que el directivo les daba el visto bueno mientras que la acusada emitía el correspondiente talón y lo firmaba.

En el primer caso el acusado era un responsable de la consignataria y a quien se le atribuye haber consentido los descuadres y que el dinero se destinara a otros fines desconocidos. Una acción que es calificada de “muy grave” por la empresa y que llevó a retirarle la confianza a este directivo de la consignataria y a la encargada en la naviera por considerarlos responsables de confirmar y validar los ingresos y pagos.

En 2019 se les comunica el despido a los dos trabajadores como resultado de una investigación interna que concluyó en atribuirles una mala praxis. La inspección consistió en analizar las 20.400 escalas llevadas a cabo en ese período de tiempo y todos y cada uno de sus correspondientes expedientes. De forma preventiva y en presencia notarial, durante las investigaciones a los acusados se le retiraron los medios de trabajo como el ordenador y el teléfono.

Los denunciados rechazaron la legitimidad de los correos electrónicos y otros documentos por medio de los cuales salió a la luz esta supuesta trama y el directivo argumentó que estas operaciones no se realizaban de forma estricta de manera que en algunas ocasiones no existía una petición formal del armador, en otras no se transfirió el dinero ni entregó a los capitanes y todo ello a causa de un procedimiento que según dijo siempre fue “irregular”.

Cuestionó también la cifra fijada como posible desfalco en cuanto que fue determinada por la propia empresa y calificó de “inverosímil” que los supuestos fraudes se llevaran a cabo puesto que de forma cíclica se realizaban auditorías que nunca detectaron irregularidad alguna.

Argumentos todos ellos que son rechazados por los tribunales al considerar probado que los acusados dispusieron de dinero en efectivo cuyo fin es desconocido y que eran responsables de estas operaciones.

Por lo tanto, todas las sentencias concluyen que los dos acusados actuaron de forma “al menos negligente y desleal” hacia la empresa lo que dio lugar a su despido por falta de confianza. Pero otro tanto ocurre con las compañías a la que los juzgados le atribuyen “dejadez o desatención” en sus deberes.

La trama quedó en evidencia cuando en 2019 una administrativa del Departamento de Las Palmas de Gran Canaria traslada a un directivo sus sospechas de que se están produciendo situaciones “extrañas”.

A partir de aquí se remitieron correos a distintos armadores de los cuales varios de ellos contestaron que nunca habían solicitado dinero y otros que ni siquiera habían pasado por el puerto.

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