Precisamente por ser lego en cuestiones jurídicas nunca he acabado de entender bien del todo el engranaje del sistema judicial y su impacto directo en el crecimiento y la solidez de la economía, para arrojar luz sobre esta cuestión no menor ha aparecido este año un libro que hará las delicias de economistas, juristas y de cualquier persona interesada en estos temas y que guste de analizar y comprender algo más la realidad.
El economista del Banco de España y abogado Juan S. Mora-Sanguinetti realiza un riguroso análisis a través de su ensayo titulado «la factura de la injusticia» en el que profundiza en el funcionamiento del sistema judicial español y su impacto en nuestro bienestar ya que del buen funcionamiento de la justicia se derivará una mejora en la vida diaria de los ciudadanos así como de la economía y del desarrollo social en general.
Para todo ello se sirve de datos analizados desde la óptica de los costes pero también de las realidades que de ellos se derivan así como posibles soluciones para avanzar como sociedades cada vez más complejas en donde lo jurídico y lo económico se entrelazan formando en muchos casos la columna vertebral del bienestar y el desarrollo social.
Ya en muchas ocasiones he nombrado en estos artículos el concepto de seguridad jurídica como elemento fundamental para generar confianza a la inversión en nuestras islas, tanto en materia turística como en el resto de sectores de actividad y aunque imagino que nuestro sistema judicial es equiparable al de países de nuestro entorno con los que compartimos valores y modos de vida, no es menos cierto que su mejora y perfeccionamiento hará que aumente nuestro desarrollo en general.
Un dato sencillo y fácilmente comprensible para los que no somos expertos es el que aparece entre otros muchos en este ensayo, y que viene a decir que la bajada en un solo punto de la congestión judicial haría que Madrid ganase unas 3.400 viviendas en alquiler y Barcelona 3.100, de algo en apariencia tan simple como esto se puede deducir las externalidades que algo así generará en forma de rentas o atracción de recursos humanos a las zonas con más alquileres asequibles y con una oferta y demanda equilibradas.Y ahora imaginemos esto último pero de forma multivariable en todos los ámbitos sobre los que actúa el sistema judicial y los efectos positivos que tendría en nuestro día a día, y en concreto sobre el sector turístico en Canarias mejorando en todas las áreas del derecho que afectan a la actividad: cuestiones mercantiles, civiles, sociales o contencioso-administrativas que de manera más ágil hicieran más dinámico el sector y en gran medida la economía Canaria.
Exijamos por todo ello a nuestro dirigentes políticos más inversión en justicia, más inversión en digitalización y agilizar o disminuir los trámites burocráticos y que todo ello redunde en más inversión y crecimientos sólidos y sostenibles en el tiempo.
En momentos como los actuales es todo esto más necesario que nunca, y que sea fiscalizada toda esta inversión pública generada con nuestros impuestos analizando su retorno y que ni un céntimo se dedique a cuestiones sin utilidad para nuestro avance y crecimiento, incluido por supuesto la inversión en justicia.
