La Audiencia de Cuentas considera que el sistema de control que aplica el Gobierno de Canarias sobre el personal del sector público autonómico no resulta eficiente para el cumplimiento de sus objetivos y recomienda la creación de un marco de actuación único que regule unos criterios a cumplir por todas las entidades.
En su informe de fiscalización en materia de personal de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales correspondiente al ejercicio de 2019, la Audiencia de Cuentas señala que el método de control establecido por la Consejería de Hacienda y por la Consejería de Administraciones Públicas no lleva aparejado un régimen de responsabilidades que dé validez al sistema, al tiempo que genera una carga administrativa extra sin conseguir el objetivo perseguido de establecer un control eficaz sobre las plantillas y retribuciones.
En el capítulo de conclusiones el informe añade que el problema se agranda cuando se contrasta con el nivel de litigios en materia de personal a los que se enfrentan algunas de las entidades fiscalizadas, litigios que en su mayor parte quedan fuera del control establecido porque el sistema no tiene capacidad para detectarlos. Advierte además la Audiencia de Cuentas que las carencias del método aplicado genera ineficiencias en el funcionamiento de las entidades, porque «se está obligando a reforzar los servicios centrales de las mismas para hacer frente a las demandas de información en materia de personal u otras cuestiones presupuestarias, y por tanto se están detrayendo recursos a las líneas de actividad que realizan la producción de bienes y servicios para las que han sido creadas».
Como recomendación para mejorar el sistema de control, la Audiencia de Cuentas propone a las instituciones que ejercen la tutela del sector público empresarial la creación de un marco de actuación único que regule unos criterios a cumplir por todas las entidades en materia de personal, como jornadas de trabajo, vacaciones, días de permiso, anticipos monetarios, forma de publicidad de las convocatorias de persona e incrementos salariales, teniendo en cuenta las singularidades de la actividad de cada entidad.
El objetivo de la actuación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas es por un lado verificar si la política de personal de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales se lleva a cabo cumpliendo la legalidad y de acuerdo con la normativa de aplicación, y por otro analizar de manera transversal los procedimientos en materia de personal del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para ello se examinaron los procesos de selección, contratación, retribución e incentivos al personal aplicados, en consonancia con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2019, así como determinadas condiciones laborales, organigramas, convenios colectivos, indemnizaciones y litigios, a partir de la información remitida por las diferentes entidades. El trabajo de campo se dio por concluido en septiembre de 2021.
