“Se han obtenido más de 30.000 solicitudes de docentes para quizá 3.000 plazas, todas esas solicitudes hay que atenderlas y ahí tiene que haber personal suficiente detrás para ello, y en eso estamos”
¿A qué se enfrenta el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias? ¿A qué problemáticas atienden en este 2023?
En general, en 2023 la problemática principal viene marcada por los procesos de estabilización. La parte buena es que llegamos a acuerdos, menos el sector docente. En el resto de los sectores parece que estos acuerdos van a posibilitar que una buena parte y una gran mayoría de personas que llevan años en abuso de temporalidad estabilicen sus puestos. Esto va a marcar la senda para los próximos dos años: 2023 y 2024.
No obstante, en la parte de negociación nos quedan otros hitos pendientes, como pueden ser en administración general negociar la carrera profesional, resolver el que la administración sea más rápida en los procesos de selección, porque cabe incidir en que nos enfrentamos a jubilaciones y a una bajada de personal tremenda en los distintos sectores. Tenemos muy poco personal, lo que se refleja en las listas de empleo y en los servicios públicos, porque hay menos empleados en la entidad pública que atiendan a la gente. Eso hay que resolverlo, no se puede resolver estableciendo líneas de empleo y aumentando, otra vez, la interinidad o la temporalidad, sino dejando a gente definitivamente en su puesto como funcionarios de carrera, laborales fijos o personal estatutario fijo, como en el caso de sanidad.
Tenemos una precariedad de personal muy grande, que es verdad que ahora la estamos resolviendo al reducir la tasa de temporalidad en las administraciones públicas, pero la bola va a crecer otra vez como no seamos ágiles en los procesos selectivos. Es una administración envejecida que se tiene que renovar y el plazo de renovación no puede dilatarse en el tiempo, porque entonces se acusa con mayor temporalidad y con pérdidas de servicio por falta de personal y cargas de trabajo, haciendo que los procesos se ralenticen.
Como usted comentaba, la comunidad autónoma está inmersa en un proceso para reconocer el trabajo de miles de trabajadores públicos, queriendo reducir en tiempo y forma la temporalidad. ¿Cree que se cumplirá con el proceso de estabilización del empleo público y se reducirá hasta el 8% la temporalidad a finales de 2024?
La ley 20/21 y el plan de recuperación y resiliencia que marcó el Estado con Europa exige que en diciembre del año 2024 la tasa de temporalidad en todas las administraciones públicas españolas tiene que ubicarse por debajo del 8%, eso es un compromiso que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez con la Unión Europea.
De momento, hablando de Canarias, el ritmo no va mal, estamos a tiempo, pero tenemos nuestras dudas, porque tenemos baja cantidad de personal administrativo en tramitación en las administraciones públicas, ya sea porque se están jubilando o porque están de baja, y no se están cubriendo las sustituciones de ese personal, que es el que tiene que habilitar que todos estos procesos se culminen en tiempo. En este sentido, tengo mis dudas, pero el plazo es de obligatorio cumplimiento.
Tiene que haber una dimensión de personal de acuerdo con las demandas de solicitudes y procedimientos, porque estos procesos son de libre concurrencia y van a tener una entrada de solicitudes tremenda. Se han obtenido más de 30.000 solicitudes de docentes para quizá 3.000 plazas, todas esas solicitudes hay que atenderlas y ahí tiene que haber personal suficiente detrás para ello, y en eso estamos.
¿Cuántas personas de las que ahora ocupan una plaza en abuso de temporalidad quedarán fuera tras este proceso?
Nosotros queremos ser optimistas, esperamos que al menos un 90% de empleados públicos estabilicen sus puestos y que el porcentaje de desplazados no llegue a un 5% o 10%.
No obstante, los sindicatos, al menos el nuestro, están trabajando para darle alguna solución a ese personal que se pueda ver desplazado, porque la ley 20/21 los dejaría en una situación de limbo y hay gente que son posteriores al 2018 a los que esta ley no les aporta cobertura. Para esas personas el Gobierno de Canarias va a sacar una nueva oferta de personas posteriores al 2018 para intentar buscarles una estabilización.
¿En qué seguirá trabajando el SEPCA a lo largo de 2023?
Nosotros este año vamos a incidir mucho en la carrera profesional, en el incremento de ayudas de acción social, una mayor aportación a un plan de pensiones que tenemos en Canarias, la equiparación de derechos de los distintos sectores y una cosa muy importante, que también habilitó el Estado, es establecer una jubilación parcial para los empleados públicos del Gobierno de Canarias, que no tenemos a día de hoy. Esto último sería ideal para avanzar en la renovación de los empleados y empleadas públicas del Gobierno de Canarias, debemos avanzar hacia un cambio generacional de personas jóvenes en las administraciones públicas. Y, por otro lado, hemos de favorecer la implantación del teletrabajo de cara a mejorar y agilizar los procedimientos administrativos.
