El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo exigió hoy al presidente estatal, Pedro Sánchez, el inicio inmediato de las negociaciones con Marruecos para la delimitación de las aguas canarias y alauitas con la participación del Archipiélago en estas conversaciones bilaterales. El portavoz de los canaristas progresistas en la Cámara Baja advirtió de que la reactivación de las prospecciones en Tarfaya, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, será contestada por la comunidad canaria al condicionar al territorio e intereses presentes y futuros de las islas. Nueva Canarias recordó que denunció los permisos dados en 2017 por el reino de Marruecos para realizar estos trabajos y apeló al estricto cumplimiento de la legalidad internacional marítima y medioambiental que obliga a disponer de las máximas garantías de seguridad para evitar vertidos que afectarían a las costas canarias, al medio marino, al sector turístico y a un modelo de desarrollo sostenible basado en las energías renovables.
La alta preocupación de NC ante la escalada de decisiones unilaterales de Rabat contrarias al derecho internacional y la reciente claudicación de Sánchez al chantaje del reino de Marruecos expresado con el apoyo al plan autonomista alauita para el Sáhara Occidental en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas a favor del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, se acrecentó hoy al tener conocimiento de la reactivación de las prospecciones petrolíferas, gas y telurio en Tarfaya.
Tras la anexión unilateral, es decir, sin el aval de las Naciones Unidas de las aguas del Sáhara Occidental y ampliar su demarcación oceánica, que podría afectar a las aguas territoriales del entorno a Canarias con la aprobación de dos leyes por el Parlamento marroquí, en enero de 2020; “ahora vuelven a incidir con otra medida unilateral”, denunció Pedro Quevedo.
Una decisión, reiteró, sobre la que la sociedad canaria se pronunció con “absoluta contundencia, y de forma mayoritaria, en contra”. En este caso, observó, “sin que esté correctamente” delimitada la mediana entre las aguas canarias y alauitas, “como manda” el derecho internacional del mar. Una situación que, como recordó, es una consecuencia de los permisos concedidos por el país africano en 2017 para la realización de las prospecciones y que fueron denunciados por NC
Siendo conscientes de que la reactivación de las mismas se ha hecho en territorio marroquí, Quevedo señaló que es un asunto pendiente que ni los gobiernos alauitas ni la Administración del Estado español, en la reciente historia democrática, han querido afrontar.
Nueva Canarias exigió al Gobierno de Sánchez que “se ponga en marcha” para delimitar la mediana entre las aguas canarias y alauitas para, “como mínimo, tener un elemento de certeza basado en la legalidad internacional”.
Es “imperativo”, demandó, que se fije la línea de la frontera, el límite del territorio marítimo entre Canarias y el país africano. El Archipiélago, defendió, tiene que participar de las negociaciones bilaterales. Desde NC se mantendrá como una prioridad esta demanda al Gobierno estatal para que intervenga en todas las decisiones que afecten, de alguna manera, a la frontera “de la que formamos parte”. A la lejanía del continente, “no puede ni debe sumarse” el ignorar e invisibilizar a la sociedad canaria y a sus instituciones, denunció Quevedo.
El diputado nacionalista en el Congreso avisó que la decisión marroquí va a ser “contestada por Canarias al afectar directamente al territorio y los intereses presentes y futuros de las islas. La misma inquietud, que llevó a Nueva Canarias a movilizarse y rechazar las prospecciones petrolíferas de Repsol en 2014 y 2015 ante el elevado riesgo para el medio marino, las costas y el sector turístico y el modelo de desarrollo sostenible basado en las energías renovables; resurge, en esta ocasión, con los trabajos iniciados en Tarfaya.
Ante el desconocimiento de la existencia de garantías de seguridad que eviten vertidos que dañarían al Archipiélago gravemente, Nueva Canarias reclamó al Ejecutivo estatal que informe a las administraciones canarias.
