jueves, enero 20, 2022
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Pequeñas explicaciones jurídicas a los temas del mes

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La selección de la temática de la columna de este mes ha sido particularmente difícil porque explicar ofrecer al lector una explicación jurídica de todo lo que está sucediendo de un modo precipitado.

De tal modo que la columna mensual que tengo el privilegio de compartir tratará, brevemente, de explicar algunas de las situaciones que, sorprendentemente, deberían haber tenido más repercusión.

La plusvalía municipal.

Sabemos que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la fórmula para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la conocida plusvalía) porque publicó una nota el pasado octubre.

En la fecha de redacción de la presente columna, no la hemos podido leer porque no se publicó. Así como lo lee. A usted y a mi, nos han cobrado plusvalías en transmisiones durante años en base a un cálculo inconstitucional.

Hasta lo que sabemos, es declarada inconstitucional la base del cálculo, no el hecho imponible. Es decir, el impuesto seguirá porque no se discutió que deba  tributar pero ya se han encargado de aprobar una norma para establecer otra fórmula de cálculo.

Por otro lado, tengo el pálpito que esta nueva fórmula también será declarada nula bien por la fórmula legal a través de la cuál fue aprobada la modificación, bien porque la fórmula del cálculo pudiera conculcar el derecho a los principios de capacidad económica y proporcionalidad en las obligaciones a contribuir por parte de los administrados.

En consecuencia, el seguimos en silencio mientras este mes fueron nombrados los nuevos miembros de dicho órgano (que no es poder judicial) ante un enorme revuelo en la votación.

La inconstitucionalidad del estado de alarma y sus prórrogas.

Aunque no lo hayan leído por ahí durante muchos días. El estado de alarma y sus prórrogas han sido declaradas inconstitucionales. Es decir, la supresión de derechos y libertades fue realizada fuera de la Ley.

Sin posicionarme en el debate ¿y qué querías hacer, que se muriera la gente?.

La realidad es que “los encierros”, limitaciones o restricciones de derechos, sí que se podrían haber hecho con otras fórmulas jurídicas pero hubiera exigido un control de un poder público, el ejecutivo, que no se realizó.

La sentencia nos dice que las medidas limitativas de derechos fundamentales no iban a ser aplicadas de modo inmediato y estaba supeditadas “a ver que sucedía” además de ser contrarias a reserva de las competencias entre Gobierno y Comunidades Autónomas. Ya nos referimos a ello en otra columna en este medio con oportunidad de la declaración como inconstitucional del primer estado de alarma.

En todo caso, debemos mencionar varios votos particulares que entendieron que el derecho a la vida y salud prevalecían.

La reflexión que yo planteo es: si tenemos la posibilidad de defender la vida y salud con las herramientas jurídicas que sí permite la Constitución como pudiera ser el estado de excepción, por qué no se hizo. ¿No se hizo por falta de conocimientos jurídicos, no se hizo por agilidad o no se hizo por falta de voluntad política? Ahí queda esa reflexión.

La realidad, como hecho cierto y no discutible, es que el Poder Legislativo no pudo ejercer sus contrapeso de control y supervisión durante ese tiempo sobre el legislativo.

De hecho, existe otra Sentencia del Tribunal Constitucional, que resuelve declara inconstitucional la decisión de suspender sesiones de control y plazos de enmiendas durante un mes en el Congreso de los Diputados. Es decir, la soberanía nacional que se ejerce a través del Parlamento estuvo suspendida.

Es muy difícil de explicar en pocas palabras pero somos democracia desde que existe una norma llamada Constitución con cuya aprobación nos constituimos en un Estado social y democrático de Derecho.

Es complejo de explicar que el control de constitucionalidad tiene la finalidad de que ninguna norma o acto esté fuera de la Constitución y, en consecuencia, sea un acto no democrático. Deberíamos ser conscientes de esta situación jurídica para saber que si uno de los tres poderes cojea o no existe, no existe democracia. Por ese motivo, están previstos métodos democráticos y dentro de la Constitución para el control. En este caso, el parlamentario sobre el ejecutivo en situaciones excepcionales como el estado de alarma o, en su caso, excepción y guerra.

Nuevas restricciones Covid

Vaya por delante que toda mi familia y yo estamos vacunados, usamos mascarilla en lugares cerrados y mantenemos una debida precaución que ya por nada te tachan de negacionista y comienza un bullying contra quien opina.

Si el lector está un poco atento a noticias internacionales verá que algunos países de nuestro entorno están empezando de nuevo a tomar medidas restrictivas de derechos para contener posibles oleadas.

Esta situación, aprobación de medidas limitativas de derechos, comenzarán en Canarias y otras comunidades a principios o mediados de diciembre.

Salvo error por mi parte, al contrario de lo que venía sucediendo, veremos que los Tribunales de Justicia serán más rigurosos con la aprobación de estas medidas.

La explicación es que cada día tenemos más elementos de prueba a través de informes médicos, estudios, noticias, de que ciertas limitaciones de derechos no tienen una eficacia proporcional a esas limitaciones. Es decir, no es proporcional que no te dejen entrar en un restaurante cuando te permiten entrar en un autobús, metro o centro de trabajo. No es razonable que veas concierto sentado, con espacio entre personas y, al justo por fuera estén haciendo un botellón.

Por estos motivos, la proporcionalidad, la necesariedad de las medidas y la acreditación de los supuestos efectos positivos para evitar una enfermedad en colisión con la restricción de derechos fundamentales será mucho más difícil para los gobiernos autonómicos.

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