Francisco Déniz, diputado regional del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias y miembro de la Comisión sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma, pedirá mañana, en la sesión de control al Gobierno, que el consejero de Obras Públicas, el socialista Sebastián Franquis, “aclare si se ha excluido de la expropiación los terrenos de particulares que han sido sepultados por la lava y que serán ocupados por la obra pública de reconstrucción del Tramo 1 de la carretera” para conectar el norte y el sur de la colada.
“Está claro que, si dichas propiedades pasan a ser públicas, los propietarios deben ser compensados”, afirma Déniz, para quien supone una “situación anómala” que, sin embargo, en el Proyecto Básico de la Obra del Ministerio de Fomento se dice que “la expropiación se limita a las áreas necesarias para las obras” y “quedan excluidas las áreas sepultadas bajo la colada de lava”.
Déniz, que ha defendido a los barrios de Marina, San Borondón y Cabezadas para que el tramo 2 de dicha carretera no pasara en medio de las casas y destrozara numerosas fanegadas de cultivo platanero, “que es el único medio de subsistencia de cerca de 30 familias”, ahora afronta la reclamación de otros vecinos que han quedado excluidos de la categoría de expropiados en el Proyecto Básico de la Obra”.
Según el diputado de la confluencia de izquierdas (Podemos Canarias, Sí Se Puede y EQUO), en el BOE de 30 de agosto de 2022 se da una relación de afectados que van a ser expropiados, “pero solo quienes tienen las fincas en explotación actual y que no fueron sepultadas por la lava, pero nada se dice de quienes sí tienen las fincas sepultadas y les pasa la nueva carretera por encima”.
Esta “incertidumbre” de los propietarios de las fincas afectadas es la que pretende despejar Déniz en el Parlamento al hacerle la pregunta al consejero Franquis, pues “creo que los propietarios particulares de estas propiedades deben saber en qué condición se quedan, toda vez que “si dichos terrenos pasan a ser de dominio público, necesitan aclararles en qué modalidad de expropiación, así como las cuantías de las mismas”.
“Estamos convencidos que el Gobierno canario buscará una solución ante esta situación difícilmente entendible y que velará por la defensa de los vecinos que han visto cómo el volcán les destrozaba sus propiedades y que ahora contemplan que la Administración del Estado ocupa sus terrenos sin tan siquiera abonarles la indemnización que proceda por una expropiación”, concluye.
