El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo persigue la devolución de los cuatro millones que costaron las mascarillas que nunca se recibieron al inicio de la pandemia, lo que ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investigue al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Blas Trujillo, que ha comparecido a petición propia para hablar en comisión parlamentaria de la investigación que realiza la Fiscalía tanto a la empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por presunta estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado.
El consejero, en su intervención, ha insistido en que el Gobierno trata de recuperar estos cuatro millones de euros, que ahora con los intereses han aumentado hasta los 4.800.000, pues, ha remarcado «no puede quedar en situación de impunidad».
La Fiscalía trata de esclarecer si la Administración no verificó si la empresa RR7 United cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma, ya que no estaba vinculado al sector sanitario, y por qué no puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido con ese contrato para la compra de un millón de mascarillas.
Trujillo ha insistido en que la Fiscalía cuenta con «la máxima colaboración de la Consejería» y ha criticado al denunciante de este caso por «disparar a todo lo que se mueva»-
En concreto, el denunciante puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía y el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades detectadas en un total de 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, para la adquisición de material sanitario para la lucha contra el covid-19 por valor total de 32 millones de euros.
Según el consejero de Sanidad, «no hay ni un solo momento donde la administración no haya actuado para que se suministraran las mascarillas» o para notificar, hasta en diez ocasiones, a los incumplidores el embargo.
